Andrés Santelices Gálvez – Docente e investigador Dirección de Innovación Ingeniería UDD

Carta al director

La ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que ya cumplió ocho años en el Congreso, busca prevenir siniestros viales a través de la fiscalización automatizada del exceso de velocidad. Este año 2022, pese a tener urgencia, no se aprobó.

Las trabas de algunos parlamentarios se amparan en argumentos incomprensibles. Se indicó que esta ley “restringe la privacidad”. Hoy, por seguridad ciudadana ya existen cámaras en gran parte del espacio público. Se dijo que esta iniciativa sería un “fotoradar 2.0”, sistema que en el pasado “se utilizó como cazabobos para que municipios recaudaran fondos”.

En este caso las cámaras se instalarán en lugares señalizados. Por último, se propuso “educar en vez de multar”. Se sabe que la educación vial sin fiscalización y sanción de poco sirve.

Esperamos que el año 2023 se apruebe este proyecto para proteger vidas y los recursos del Estado que al año gasta más US$ 15 mil millones por siniestros viales.