Fuente: La Tercera

Independientemente de quienes resulten elegidos como consejeros constitucionales este domingo 7 de mayo, desde la academia estiman que la propuesta para una nueva Constitución que fue rechazada en septiembre de 2022, tenía elementos que resguardaban los principios de un Estado con un profundo compromiso ante la crisis medioambiental existente.

En términos generales, los consultados estiman que son dos los elementos más importantes en una nueva Carta Magna cuando se habla de sustentabilidad: reconocimiento de los efectos del cambio climático y que el desarrollo del país incluya la protección a la biodiversidad. 

Entrando en detalle, Ximena Insunza, abogada e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, dice que «lo primero que debería tener la nueva Constitución es una norma explícita que afirme que estamos ante una situación de crisis climática», y que por lo tanto, el Estado tiene un rol respecto a cómo enfrentarlo: «Es muy importante que se puedan consagrar los principios que hay en materia ambiental y en particular, el principio de justicia ambiental, que tiene como objetivo que la distribución de las cargas de contaminación y beneficios ambientales sean equitativos para todos», señala.

La abogada ejemplifica lo que pasa con la cantidad de plantas de tratamientos de industrias que afectan la calidad de vida de las personas, donde hay claras diferencias entre una comuna y otra.

Insunza reflexiona que si bien hay cosas muy ideológicas en la elaboración de esta Carta Fundamental, hay que considerar que el crecimiento económico es un factor relevante en las afecciones ambientales, y que en ese sentido son necesarias normas que puedan equilibrar dicho crecimiento con la protección del medioambiente y con los aspectos sociales.

«Además, hay que actualizar conceptos retrógrados en materia medioambiental y ampliar la mirada. El desarrollo debiera conocer como límite la integridad del ecosistema y no explotarlo más allá de su capacidad de regeneración», plantea.

Chile es considerado uno de los países más vulnerables ante la crisis climática de acuerdo al sexto informe del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático (IPCC).

Algunos ejemplos son las megasequías o los incendios forestales que afectan cada año, realidades que se extienden a toda la región. Esto, debido a factores como la baja altura de sus zonas costeras, la cantidad de zonas áridas, la sequía, la desertificación y contaminación atmosférica.

En ese sentido, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, también señala que la nueva Constitución debería recoger los avances que se han tenido en materia de cambio climático, como «un reconocimiento del fenómeno global, porque tenemos hasta una ley de cambio climático que va a regir los planes de mitigación y adaptación de aquí al 2100.

Entonces, si existe una planificación a largo plazo, debiéramos entender el cambio climático como algo estructural dentro de la Constitución, de la cual dependen nuestros recursos naturales y el sistema económico. Eso no está».

A partir de los recursos naturales que forman parte del sistema económico del país como la minería, agricultura, pesca e industria forestal, para Godoy es fundamental discutir el derecho al agua. Cuál será su sistema de gestión y sus modificaciones, ya que, a su juicio, de la disponibilidad y manejo del agua va a depender el futuro económico de Chile.

«Por lo tanto, debe haber un reconocimiento de los recursos naturales, no sólo como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que se tenía en la Constitución de 1980. Una complejidad que debe involucrar al cambio climático, la vulnerabilidad del país, las transformaciones en el ecosistema y la dependencia de los recursos», explica. «También se refiere a incorporar el desarrollo sostenible, que es mantener un equilibrio en lo económico, social y ambiental, y la economía circular», agrega.

En tanto, Reinalina Chávarri, directora del Observatorio Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sostiene que la nueva Constitución debe considerar aspectos relevantes de base, como que las personas y demás seres vivos forman parte de un sistema interdependiente y complejo, dentro de un sistema biótico y abiótico.

«Se requiere definir un modelo de desarrollo donde la dimensión económica y social participen dentro de esos límites para no romper el equilibrio», indica. En ese sentido, apunta que «en el apartado de principios se necesita incluir la solidaridad con las futuras generaciones y protección con la biodiversidad.

Y por último, en los análisis comparados, se observan tendencias para el siglo XXI, donde el medioambiente es considerado un sujeto de derecho u objeto de protección», dice.

Coincide con esta mirada Jorge Bouchon, vicerrector de investigación de la Universidad Católica, manifestando que en la Constitución el tema medioambiental debe estar ligado con el desarrollo sostenible y para ello tener un marco que pueda sustentar el futuro.

«Es necesario acordar reglas básicas de convivencia y se necesita garantizar de forma explícita el cuidado del medioambiente y, con ello, un reconocimiento en todas sus dimensiones: protección a las especies, biodiversidad y, por ende, todas las investigaciones, estudios e innovaciones que se han hecho para su resguardo», detalla.

Para el académico es clave el fomento, financiamiento y protección «de todos los procesos de creación e innovación que se han hecho desde el conocimiento para resolver y aportar en estas materias».

Por último, a juicio de Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, se han dado pasos importantes, pero hay que seguir impulsando el desarrollo sostenible con respeto a la biodiversidad, preservar todo el territorio, terrestre y marítimo, y para ello es necesario un marco legal que lo ampare de manera prioritaria.