Por Zoё Fleming

Trabajo en ciencias ambientales desde hace más de 25 años y, a lo largo de mi trayectoria en Europa y América Latina, he podido conocer de cerca los desafíos asociados a la producción, análisis, resguardo y difusión de datos ambientales. Hoy desarrollo esta labor tanto desde la investigación como desde proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria. Aunque se trata de ámbitos diferentes, ambos comparten una necesidad fundamental; contar con evidencia confiable y disponible para comprender los territorios.

Para que un dato ambiental tenga valor, no basta con saber qué se midió. También necesitamos conocer cómo, dónde y cuándo se realizó esa medición. Es lo que en ciencia denominamos metadatos: información que permite contextualizar los datos y replicar mediciones de manera comparable.

Esto puede parecer un asunto técnico, pero sus implicancias son mayores. Contar con datos ambientales contextualizados y accesibles permite que las comunidades conozcan las transformaciones de sus territorios y participen con mayor información en las discusiones sobre su entorno.

A nivel internacional, esta necesidad ha adquirido cada vez mayor relevancia. En 2021, la UNESCO publicó su Recomendación sobre Ciencia Abierta, orientada, entre otros objetivos, a reducir las brechas de acceso al conocimiento. Este enfoque promueve también los principios FAIR, que buscan que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables.

Chile ha avanzado en esta dirección. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cuenta con una Política de Acceso Abierto, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente administra plataformas como el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y las Líneas de Base Públicas. Sin embargo, persiste un desafío importante: la información ambiental sigue distribuida entre distintas instituciones, proyectos y plataformas, sin un ecosistema suficientemente integrado que permita aprovecharla de manera transversal y sostenida en el tiempo.

Esta fragmentación tiene consecuencias. Series de datos ambientales que podrían ser valiosas para comprender la evolución de un territorio pueden quedar asociadas a proyectos específicos, universidades o equipos de investigación. Cuando esos proyectos terminan, su continuidad y disponibilidad pueden volverse más difíciles.

El problema se vuelve especialmente visible en la ciencia comunitaria. En distintos territorios, ciudadanos, estudiantes y organizaciones participan voluntariamente en la medición de variables relacionadas con la calidad del aire, del agua, de los suelos, del clima o de la biodiversidad. Con estas mediciones se construyen líneas de base que permiten observar cambios y comprender mejor las condiciones ambientales locales.

La apertura de los datos también requiere superar algunos temores respecto de su eventual mal uso. Sin embargo, mantener la información ambiental aislada tampoco garantiza una mejor protección de los territorios. Disponer de datos públicos, trazables y metodológicamente transparentes permite que distintos actores conozcan el estado de un ecosistema y utilicen esa evidencia para nuevas investigaciones y acciones.

En la cuenca del Aconcagua, Región de Valparaíso, hemos desarrollado dos experiencias que apuntan precisamente en esta dirección. El Aire que Respiramos, financiado con fondos públicos regionales, monitorea la calidad del aire en ocho establecimientos educacionales y dos centros comunitarios. Sus resultados están disponibles en una plataforma web interactiva, donde los propios estudiantes pueden explorar y graficar los datos obtenidos.

La segunda experiencia, Amigos del río Aconcagua, reúne a científicos de distintas universidades y comunidades voluntarias que participan en la evaluación de la salud de los cursos de agua de la cuenca. Sus resultados también pueden ser consultados a través de esta plataforma.

En ambos casos se utilizan sensores de bajo costo, pero el valor de los datos depende también de la transparencia respecto de cómo fueron obtenidos, procesados y presentados. El verdadero aporte aparece cuando ese conocimiento vuelve al territorio, cuando una estudiante puede consultar los datos de su escuela, una comunidad puede observar cómo cambia un río o un investigador puede utilizar una serie histórica para formular una nueva pregunta. Ese debería ser también nuestro desafío como país.

Necesitamos avanzar hacia una infraestructura nacional de datos ambientales que conecte la información producida por universidades, organismos públicos, proyectos de investigación y comunidades. Una infraestructura que no solo almacene datos, sino que asegure su trazabilidad, continuidad, interoperabilidad y acceso. Y que definimos criterios claros para la documentación, validación y acceso a datos ambientales, sean monitoreos comunitarios, de investigación o regulatorio.

Construirla requiere resolver desafíos técnicos e institucionales, pero también asumir una definición de fondo: los datos ambientales generados para comprender nuestros territorios tienen un valor que trasciende al proyecto o institución que los produjo.

Si somos capaces de resguardarlos, conectarlos y mantenerlos disponibles en el tiempo, podremos transformar mediciones dispersas en conocimiento acumulativo y construir un legado que siga siendo útil para quienes habitan y estudiarán nuestros territorios en el futuro.